Editoriales y Opiniones

Atribuir la crisis medioambiental al subdesarrollo como hace la cuenta en X de Bukele es un error de juicio que solo la empeora. El desarrollo sin más no ofrece ninguna solución. Sin embargo, el mandatario apuesta por esa vía para obtener los miles de millones de dólares que dice necesitar para limpiar los ríos, los lagos y las fuentes de agua, y para garantizar que permanezcan “limpios y brillantes”. Es una típica reacción a las críticas y a las protestas populares por la deforestación de El Espino. Aunque en su simpleza el planteamiento resulta atractivo, no resuelve nada. La crisis medioambiental no es causada solo por el subdesarrollo, ni el desarrollo la soluciona, sino la profundiza. El neoliberalismo es un depredador salvaje. Desde siempre, el capitalismo asumió que los recursos naturales son ilimitados y, por tanto, susceptibles de ser explotados sin contemplaciones. El liberalismo del siglo XIX estaba convencido de que el progreso, una vez empezado, sería incontenible. Reformó el ordenamiento institucional del Estado republicano, pero el progreso no llegó. Eso sí, colocó las bases para la progresiva destrucción del medioambiente. El subdesarrollo es la otra cara de la consolidación de la oligarquía agroexportadora. El desarrollo capitalista genera riqueza abundante, pero no proporciona forzosamente “los recursos necesarios para restaurar y proteger el medioambiente”, tal como asegura la presidencia. No lo hizo antes ni lo hará ahora. Mucho menos si le conceden toda clase de libertades, aun a costa de acrecentar los riesgos existentes en las zonas vulnerables. El desarrollo, entendido como industrialización y diversificación productiva, no superó la marginalidad y el atraso. A mediados del siglo pasado, los países latinoamericanos soñaron con imitar a los países asiáticos. El modelo no era replicable. Hoy, Bukele, pese a advertir que “la clave para salvar el medio ambiente no es mirar atrás”, parece resuelto a recuperar el modelo desarrollista fracasado para imitar a China, Japón y Singapur. Pero El Salvador no dispone del potencial material y humano para imitarlos. Los datos hablan por sí mismos. No solo es el país centroamericano con menor crecimiento económico, sino que la posibilidad de crecer está limitada históricamente por factores estructurales. Asimismo, es el país de la región con menor inversión extranjera directa, la cual más bien tiende a disminuir. A pesar de la propaganda, El Salvador no es atractivo. Además, su economía depende de la estadounidense, dado el peso enorme de las remesas. Ahora bien, el medioambiente y el desarrollo no son excluyentes. Este es necesario, pero debe estar ajustado a las posibilidades reales de un país con más de la tercera parte de su territorio extremadamente vulnerable a los deslizamientos de tierra y las inundaciones. La aproximación a un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo requiere controlar las fuerzas indómitas del capitalismo neoliberal, que prioriza la explotación sobre la sostenibilidad. No obstante, la presidencia piensa el desarrollo en los términos del siglo XIX. Su idea es impulsar un desarrollo tan intenso, es decir, explotador, que arroje los miles de millones de dólares necesarios para invertir en la conservación del medioambiente. Pero para cuando llegue ese momento, habrá poco que restaurar y proteger. Sin embargo, no todo está perdido. Un plan de nación orientado a superar los factores estructurales que entorpecen el crecimiento y una voluntad política visionaria y fuerte, resistente a las protestas y los chantajes del capital, puede controlar sus ambiciones y dirigir un desarrollo sostenible encauzado a reducir la pobreza y la desigualdad, y a elevar el nivel de vida de las mayorías. Por ahora, no hay señales de un cambio de este calibre. La concurrencia tardía de altos funcionarios gubernamentales, incluido el ejército, a un complejo de apartamentos de lujo, cuyas fundaciones quedaron al aire libre por mala construcción, es una muestra de lo que no debe hacerse: remediar el desastre en vez de prevenirlo y ocuparse solícitamente de un edificio donde residen algunos diputados mientras que los habitantes de territorios vulnerables, también castigados por lluvias torrenciales, son abandonados a su suerte. La prevención debiera ser una actividad permanente y universal. Asimismo, es urgente intervenir lúcida y drásticamente dados los efectos cada vez más destructivos del cambio climático. El fenómeno de El Niño que ya hace sentir sus embates es una nueva advertencia. Atribuir los males del país a una sola causa es un paso en falso que solo agrava una crisis ya de por sí aguda. La solución tampoco es simple. Bukele crea la impresión de que la respuesta está al alcance, cuando, en realidad, su aproximación pospone de manera indefinida comenzar a poner manos a la obra. Crea la impresión de que el cambio está en camino para no cambiar. El desarrollo económico seguirá siendo débil y el desgaste ecológico será cada vez más devastador. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las infraestructuras grandes y resplandecientes tan características del modelo de Bukele, por lo general, poco después de inauguradas, presentan fallas de diseño, de ejecución, de seguridad o de funcionalidad. La sala de emergencias del hospital de Santa Ana se inundó recién remodelada. Lo mismo ocurrió en uno de los dos estadios emblemáticos de la capital durante una final del futbol nacional. Una zona comercial recién embellecida tuvo igual suerte. Deshicieron la obra para abrir desagües, que volvieron a fallar. Los habitantes de las zonas de alto riesgo, incluidas más de 450 escuelas, están a merced de las fuerzas geológicas, climatológicas e hidrológicas. Los funcionarios escurren el bulto. Unos acusan a quienes tiran basura al aire libre, una práctica muy común. Pero en siete años no han hecho ningún esfuerzo para educar sobre cómo disponer correctamente de los desperdicios. Tampoco han facilitado basureros funcionales. Los más creativos amenazan con vigilar y castigar. Estos funcionarios no han aprendido aún que los tragantes, las canaletas y los desagües deben ser limpiados periódicamente. Esperan la inundación para remediar. Otros culpan a “los años de abandono” anteriores a 2019. Siete años ha sido poco tiempo para revertir esa herencia. Cierto, la desidia no se supera de un día para otro, pero su ritmo de trabajo no está a la altura de las exigencias de la realidad. Argumentar la fuerza de los fenómenos climatológicos no los exime de responsabilidad. No solo permiten, sino también alientan la deforestación para levantar estructuras majestuosas como manifestación de desarrollo y modernidad. El deterioro del medioambiente hace más violentos los embates del clima. De todas maneras, es incomprensible que, a pesar de ello, se obstinen en construir mal. La primera marea viva se llevó el malecón del parque Sunset, un hito del régimen, por carecer de una barrera que amortiguara la fuerza del oleaje. Una de las escuelas recién remodeladas por un millón y medio de dólares debe ser intervenida de nuevo para reparar los daños causados por las lluvias. Más de un centenar de centros escolares sufrieron daños que pudieron evitarse. No es raro que las intervenciones en las calles secundarias, las escuelas periféricas y las plazas de los pueblos sean abandonadas sin haber sido concluidas. Y aquellas que han sido finalizadas, a veces, deben ser intervenidas de nuevo. El retraso en la reconstrucción de las escuelas públicas y los mercados municipales es proverbial. Los taludes de Los Chorros se resisten a permanecer quietos. Entretanto, las vías de comunicación son malas, los estudiantes asisten a clase en estructuras provisionales inadecuadas y el comercio sufre. Muchas de las nuevas estructuras no reciben el mantenimiento adecuado. El desgaste causado por el uso las despoja del encanto inicial. La estética de la fachada subestima la funcionalidad y la exigencia del mantenimiento adecuado. El recién inaugurado hospital es un buen ejemplo de esa tendencia que estima más la fachada que el uso y la funcionalidad. La invitación general a visitarlo, y a admirarlo, en horas saturó la sala de espera de un centro destinado a enfermedades graves y crónicas. La espera para pasar consulta o concertar una cita es interminable. La obsesión con la apariencia desvirtuó la finalidad de un hospital de tercer nivel con consecuencia graves, incluso fatales, para quienes demandan atención inmediata. El recorrido por las obras del modelo de Bukele puede alargarse, pero lo dicho es suficiente para comprobar que enfrenta un problema muy serio de operatividad. La incompetencia malogra sus mejores proyectos. El modelo tiene poca inteligencia para pensar, planificar y ejecutar. Reemplazó el talento con improvisación, lo cual tiene unos costos humanos y materiales imponderables. Y se deja llevar por impulsos primitivos, ansiosos por la gratificación inmediata sin medir las consecuencias. La incompetencia está también asociada con la corrupción. Las licitaciones y los contratos representan una oportunidad única para lucrarse a costa de un Estado manirroto. Otorga la ejecución de los proyectos a entidades sin experiencia, sin capacidad técnica y sin control de calidad, pero vinculadas a Casa Presidencial. La prioridad no es bienestar general, sino retribuir a los colaboradores leales. La eficacia de la exaltación de la figura presidencial en un hecho comprobado, pero frágil. El edificio del poder carece de fundamentaciones sólidas y sus dependencias, de contenido real. El muro de contención de esa estructura tan deslumbrante no ofrece garantías. Puede ceder en el momento menos pensado. La contradicción entre el encumbramiento de Bukele y la ineficiencia operativa es insostenible a largo plazo. El éxito estético es su peor enemigo, ya que carece de fundamentación sólida. Cuestión abierta es cuánto presión puede soportar antes de derrumbarse. De momento, es claro que con los colaboradores actuales es imposible que El Salvador recorra el camino del desarrollo para llegar a ser como Japón o Singapur. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Eludir la rendición anual de cuentas del poder ejecutivo en el pleno legislativo no es ninguna novedad. Todos los presidentes de la posguerra la evadieron, aunque disimuladamente. No faltaron a la cita, pero no rindieron cuentas, sino enumeraron sus logros en largos discursos. Los legisladores de entonces asintieron sin más. La autocrítica y el cuestionamiento no tienen cabida en el régimen presidencialista. Al presidente no se lo cuestiona ni crítica. Este año, Bukele hizo lo mismo que sus antecesores, tampoco rindió cuentas. Pero lo hizo de manera irreverente. No acudió a la cita con los diputados. A último minuto, decidió no comparecer y guardar silencio. En lugar del discurso de estilo, inauguró un hospital resplandeciente, cuya magnificencia bastó para que el presidente de la legislatura declarara en X que daba “por recibido el informe anual de labores”. A diferencia de sus predecesores, Bukele se saltó la formalidad constitucional que ordena al presidente del poder ejecutivo comparecer ante el pleno legislativo para dar cuenta de su gestión. Su ausencia está en consonancia con el poco aprecio que tiene de la Constitución. Su liderazgo no se somete a ninguna reglamentación externa que limite su extraordinaria capacidad creadora. Así lo expresó el vicepresidente al atribuir la violación constitucional a su “liderazgo disruptivo”. Que un fanático del oficialismo se exprese en esos términos es comprensible, pero no que lo haga un reputado constitucionalista. Un vocero del oficialismo calificó la sustitución de la comparecencia presidencial por la inauguración de una megaestructura como una “genialidad”. La adulación pierde a estos voceros de la dictadura. Romper “los cánones tradicionales” no es, en sí mismo, ningún mérito. Los pandilleros, los narcotraficantes, los corruptos y los delincuentes también lo hacen. El ordenamiento constitucional es un elemento fundamental de la república, introducido por sus fundadores para impedir, precisamente, el liderazgo arbitrario y caprichoso del absolutismo monárquico. Ahora bien, el oficialismo tiene un punto a su favor al señalar que Bukele sustituyó “la política de la retórica, de los grandes discursos, a veces muy pomposos, a veces llenos de fraseología” por “la política de los hechos”. Sin embargo, no es una política de “los hechos”, sino de “un hecho único”: un hospital fulgurante, presentado como el logro más grande de sus siete años en el poder. El mérito no es solo suyo. El último gobierno del FMLN lo planificó, lo diseñó y lo financió. Bukele solo debía ejecutar la obra, pero desechó el trabajo hecho y comenzó desde cero. En el camino desaparecieron los 170 millones de dólares prestados por el BID y miles de empleados que durante décadas prestaron sus servicios en el hospital. Si bien no hubo discurso, la cadena nacional exhibió, en una cuidada puesta en escena pregrabada de más de una hora de duración, la inauguración del hospital. Bukele recorrió sus relucientes pasillos, se exhibió al lado de equipo de alta tecnología, habló de robots quirúrgicos y anunció los servicios del nuevo hospital. La mayor parte de la audiencia perdió el interés a los pocos minutos y se desconectó de la transmisión. La elogiada “política de los hechos” no suscitó mayor entusiasmo. Casa Presidencial no las debe tener todas consigo para cancelar intempestivamente el discurso de Bukele. En realidad, pocos logros tiene en su haber. La seguridad está desgastada por tanta repetición. La educación y la salud son más proyectos que realidades. El imperio de la ley y el orden, una promesa periódica, aguarda tiempos mejores. La publicación de los datos gruesos del patrimonio de los funcionarios, aunque forzada por el FMI, es un paso en la dirección correcta, pero fue descartado, ya que removió las aguas turbias de la corrupción. Otros temas de actualidad como la inflación, la deuda, la reforma de las pensiones, la crisis agroalimentaria y ambiental, o la vulnerabilidad ante desastres naturales fueron descartados por desdecir de un discurso destinado a seducir. De todas maneras, las luces led del nuevo hospital no son lo suficientemente deslumbrantes como para despejar los nubarrones que ya se ciernen amenazadores sobre él. En la inauguración se hicieron presentes los síntomas de un sistema de salud colapsado: desabastecimiento crónico de medicamentos, exceso de demanda e insuficiencia de personal, ausencia de planificación técnica y financiera, y falta de proyección sanitaria. Ninguna de estas carencias se supera con tecnología. Los hospitales modernos son indispensables para un buen sistema de salud, pero no son suficientes. Ningún hospital por grande, equipado e iluminado que sea puede satisfacer la demanda de salud de la población sin privilegiar la prevención, la atención primaria y el bienestar general. Un hospital como el inaugurado solo contribuye a que el sistema actual sea menos disfuncional. Inaugurar un hospital de alta complejidad para atender enfermedades graves o raras no es lo mismo que reconstruir un sistema de salud en ruinas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En 2016, la ciudadanía salvadoreña evaluó el segundo año del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en un ambiente marcado por la desconfianza y el malestar. Según la encuesta del Iudop de aquel año, el Ejecutivo obtuvo una nota promedio de 5.32 sobre 10. Además, el 59.1% de las personas entrevistadas afirmaba que la economía había empeorado, mientras que el 57.6% consideraba que la delincuencia había aumentado. La percepción dominante era la de un país atrapado entre la violencia homicida y la precariedad de las condiciones de vida: dos caras inseparables de una misma inseguridad social. Casi una década después, en mayo de 2025, la evaluación del sexto año del Gobierno de Nayib Bukele —en un segundo mandato marcado por su carácter inconstitucional— reveló un contraste notable. En esta ocasión, la población otorgó una calificación de 8.15 al presidente y de 7.85 al Gobierno, reflejando altos niveles de confianza en la figura presidencial. Dicho respaldo encuentra sustento en la percepción de mejora de la seguridad, directamente vinculada al combate contra las pandillas y a la reducción de homicidios. La comparación entre ambos momentos evidencia un cambio en las principales preocupaciones de la ciudadanía, o, al menos, en la prioridad con la que las expresa. Mientras en 2016 el miedo estaba asociado a la violencia homicida y la criminalidad, en 2025 predominan las preocupaciones económicas y sociales, relacionadas al costo de la vida, la precariedad laboral y la pérdida de derechos por el régimen de excepción. La encuesta de evaluación de gobierno de 2025 también puso en evidencia que el 64.6% de la población identificaba la economía, el desempleo y el alto costo de la vida como los principales problemas del país. En este contexto, el acceso a la vivienda emergió como el punto más débil de la gestión: un 87% de las personas afirmó que conseguir una casa resulta difícil o muy difícil. Esta percepción se confirmó y profundizó en la encuesta nacional realizada por el Iudop en diciembre de 2025. Esto ocurre en un país marcado por crecientes preocupaciones relacionadas con diversos temas, como la accidentalidad vial, la pérdida de reservas naturales y las deportaciones masivas. Un El Salvador donde nueve de cada diez personas cerraron 2025 con la percepción de que “todo está más caro”; donde el 58.2% de los hogares redujo su consumo de carne, leche, huevos y frijoles para sortear la inflación; y donde el salario mínimo presenta una brecha de al menos $180 respecto a lo que las familias consideran necesario para sobrevivir dignamente cada mes, según una encuesta especializada del Iudop. Este panorama no muestra señales de mejora en lo que va de 2026 y, además, se ve agravado por la presión de un contexto internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha encarecido en un 40% el precio del petróleo y, por tanto, los precios de los combustibles y de muchos bienes esenciales. En el país, entre febrero y mayo de 2026, el precio de la gasolina especial aumentó un 25%, el de la regular un 24% y el del diésel un 28%, con un repunte crítico del 14% en abril. Este encarecimiento energético impactó en el costo de la canasta básica alimentaria, que pasó de $250.82 en enero a $256.70 en abril en el área urbana, y de $183.26 a $186.10 en la rural. Lo anterior también se evidencia en la evolución del índice de precios al consumidor, que subió de 130.30 a 133.12 entre abril de 2025 y abril de 2026, lo que representa una variación anual de 2.16%, según el Banco Central de Reserva, que adjudica las alzas en el último mes a los incrementos en los costos de las gasolinas y los alimentos. Ello sin que haya señales de la existencia de una política pública articulada de mejora de la economía familiar o de fomento de la productividad nacional. En definitiva, El Salvador está hoy en una situación paradójica: el bienestar asociado a la reducción de la violencia pandilleril está acompañado de otras inseguridades: financieras, alimentarias, ambientales y sociales. La encuesta nacional que el Iudop cursará este año será clave para comprender cómo evalúa la ciudadanía el costo de la seguridad frente a la fragilidad económica.

La construcción de un centro de ferias y convenciones en El Espino, una zona de recarga hídrica estratégica y, por eso, protegida, suscitó protestas y polémica. El oficialismo entró al quite. Uno de sus ministros alegó que no deforestarían. Pero las imágenes muestran lo contrario. La embajada de China, patrocinadora del proyecto, especificó que solo afectarían una tercera parte del bosque y prometió zonas verdes. El ministro apareció entonces sembrando arbolitos junto con sus fans. Mientras tanto, las autoridades responsables de cuidar el impacto ambiental declararon que en este caso ese estudio es “inexistente”. El oficialismo, por tanto, reacciona a las protestas de manera improvisada. La intervención de uno de los hermanos de Bukele imprimió un carácter delirante a la polémica. Molesto con unos protestantes incapaces de ver lo que a él le parece evidente, señaló que las milpas y las frijoleras de las laderas han deforestado mucho más y, además, rinden poco. Razón no le falta, pero el argumento se queda en las apariencias. El minifundio de las laderas es un fenómeno generalizado desde que la plantación de café, de caña de azúcar y de algodón despojó a los campesinos de la tierra agrícola y los empujó a la tierra marginal, poco apta para la agricultura de subsistencia. La agroexportación no les dejó otra opción. Otra consecuencia de la concentración de la tierra fértil por la plantación fue la emigración masiva a los suburbios de las ciudades grandes. Aquí tampoco abundaba el empleo formal, pero sí el trabajo informal. Muchos de estos marginados, sobre todo las mujeres, se dedicaron al comercio informal en los antiguos centros de esas ciudades. En la actualidad, la creciente gentrificación de esos espacios los ha vuelto a expulsar. La marginalidad urbana ofreció también la oportunidad de malvivir de la delincuencia, que alcanzó dimensiones insospechadas con la llegada de las pandillas. Los campesinos no ocuparon las laderas y emigraron a los suburbios urbanos, ni los marginados invadieron sus centros por capricho. No les dejaron alternativa. Tampoco se alimentan de maíz y frijoles por gusto. La dieta balanceada recomendada por el hermano de Bukele no está a su alcance. Los grandes favorecidos por estos desplazamientos siempre han sido una minoría, pero el daño humano y medioambiental causado es incalculable. No solo los campesinos han depredado el medioambiente, también y en mucho mayor medida la plantación. Acaparó y sobrexplotó unos recursos escasos para una población en expansión. El insecticida y los fertilizantes empleados para aumentar la producción dejaron como secuela deficiencia renal crónica en sus trabajadores. Destanteado por el alcance de la protesta en vísperas de elecciones, el oficialismo es incapaz de comprender las nocivas consecuencias humanas y medioambientales de la agroexportación. Seducido por una nueva modalidad de desarrollo económico, el oficialismo repite el patrón de los agroexportadores del pasado. Persigue y expulsa a las masas marginadas que se refugiaron en la informalidad sin ofrecerles alternativas reales para vivir dignamente. Su marginalidad le incomoda y estorba por ser la otra cara de ese modelo. Los marginados afean, ensucian y degradan los espacios destinados a ser exhibidos como éxitos del modelo de Bukele. En El Espino o el valle El Ángel se actualiza la exclusión de las mayorías en beneficio de inversionistas deseosos de encontrar nuevas fuentes para aumentar la rentabilidad de sus capitales. El argumento es el mismo de la plantación. El estrés hídrico, las sequías y las inundaciones se ensañarán, tal como suele ocurrir, con las mayorías vulnerables. Todo en nombre del desarrollo, la modernidad y la acumulación acelerada de capital. La solución propuesta por el hermano de Bukele es tan inconsistente como el análisis. En efecto, en primer lugar, pide concentrar la tierra e introducir tecnología para “sembrar bosques de comida”. Pero para eso necesita una reforma agraria, medida que descarta, quizás por ser de un pasado supuestamente superado. En cualquier caso, omite mencionar que en siete años ninguna dependencia gubernamental ha promovido la agricultura y la ganadería nacional. Tal vez por eso, en segundo lugar, se resigna a seguir importando la inmensa mayoría de los alimentos, lo cual hace al país aún más dependiente del exterior. La polémica evidencia la consolidación de la desigualdad y la exclusión social. Cada vez es más claro la existencia de dos países muy diferentes. La discusión sobre El Espino delimita claramente sus fronteras. Los menos concentran los medios para llevar una vida cómoda y despreocupada, mientras que los demás son descartables. Ideal sería que desaparecieran y así dejaran de estorbar. En El Salvador de Bukele no tienen posibilidades para vivir dignamente. Sin embargo, en los tiempos prelectorales que corren, el oficialismo visita sus “territorios” cargado de pequeños obsequios, necesarios porque falta de todo, pero insuficientes, dado que la precariedad es estructural. Busca congraciarse con sus habitantes, pues sus votos son requeridos para mantener la ficción democrática. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ha llegado el turno de la ley y el orden. Así lo anunció el mismo Bukele en la inauguración de otra infraestructura. Una vez cerrado el capítulo de las pandillas y elevada la educación y la salud pública a niveles nunca vistos, Bukele se dispone ahora a convertir a El Salvador en “el país de la ley y el orden”. Una deuda pendiente con la ciudadanía y una aspiración de muchos, nacionales, expatriados e inversionistas. Pero la experiencia con la retórica presidencial recomienda cautela. Es más fácil proclamar el imperio de la ley y el orden que llevarlo a cabo. Los presupuestos de este imperio aconsejan reserva. Es cierto que el hurto de artículos de poco valor, la estafa, la contaminación ambiental y la corrupción persisten. Pero no es cierto que “el crimen violento” haya sido eliminado. El homicidio, el feminicidio, la violación y la desaparición tienen menos incidencia, pero todavía ocurren. Las estadísticas oficiales y la denuncia pública así lo demuestran. El que hayan sido tratados con displicencia no significa que hayan desaparecido. A veces, los mismos fiscales, a quienes Bukele ha encomendado implantar la ley y el orden, desatienden las denuncias y maltratan a los denunciantes. Tampoco se han esmerado en perseguir las estafas como lo evidencian las cooperativas de ahorro saqueadas, alguna de ellas vinculada a las municipalidades y los funcionarios del régimen. El crimen ambiental lo desconocen. Más aún, el mismo poder ejecutivo facilita la deforestación para abrir espacio al cemento y al asfalto. La contaminación de las aguas y el aire es irrelevante. La corrupción, ya ni se diga. Es difícil pensar que un discurso de ocasión pueda transformar la condescendencia actual en una persecución del delito tan implacable como la desatada contra las pandillas. Si estas son terroristas, los delincuentes en gran escala no están lejos. Sin embargo, Bukele pretende “eliminar todos los delitos”, es decir, recrear el paraíso antes de la caída del país. El deseo responde a una aspiración profundamente humana, pero está fuera de su alcance. Dado que reproducir el paraíso es una quimera, la propuesta puede interpretarse como una licencia retórica, lanzada en un arranque de entusiasmo. Siempre habrá homicidas, estafadores, corruptos y toda clase de crímenes. El desafío consiste, por tanto, en prevenirlos y en perseguirlos. Un primer paso indispensable es levantar el tupido velo que cubre la actividad gubernamental para que reluzca la realidad, lo cual evitaría la especulación y las burlas. La escueta publicación del patrimonio de los altos funcionarios —forzada por el FMI, no por compromiso con la transparencia— ha sido suficiente para suscitar preguntas inquietantes. Algunas de esas declaraciones están claramente maquilladas. En estas declaraciones, los fiscales tienen pistas para poner manos a la obra y cumplir el encargo de Bukele. También encuentran indicios en las investigaciones de la prensa independiente y en las revelaciones que circulan en las redes digitales para abrir expedientes contra algunos de los delincuentes más connotados. Conviene comenzar por los grandes para que no quede duda alguna del compromiso de Bukele con la erradicación del delito. Sin embargo, la ley y el orden solo imperarán si superan dos obstáculos gigantescos. El primero pone a prueba la voluntad política, ya que, sin duda, la lucha contra el delito sentará en el banquillo de los acusados a altos funcionarios y empresarios poderosos. Por lo general, cercanos a la familia gobernante. La exposición pública de sus enredos, intrigas y negocios turbios atenta contra uno de los pilares que la sostienen. ¿Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la imposición de la ley y el orden? La acción policial y fiscal tiene la palabra. El segundo obstáculo es el régimen de excepción, otro de los fundamentos del orden establecido. En sí mismo, el régimen está reñido con la ley y el orden, porque opera de forma arbitraria y violenta. La lucha contra el delito en todas sus formas requiere independencia de poderes, observancia estricta de la institucionalidad y respeto de la dignidad y la libertad humanas. Si el compromiso con la ley y el orden son auténticos, el régimen de excepción debe ser derogado de inmediato y los desaguisados constitucionales y jurídicos introducidos bajo su protección deben ser corregidos. Esto no significa liberar a los criminales detenidos, pero sí cambiar radicalmente la manera de gobernar. Imponer la ley y el orden de forma ejemplar para el mundo es una empresa demasiado radical para ser creíble. Sería el final de la arbitrariedad y del desorden reinantes desde 2019. No sería extraño que Bukele no haya sopesado las consecuencias del contenido de su discurso. Quizás le pareció que el tema de la ley y el orden era sugerente para inaugurar el nuevo edificio de una Fiscalía que fiscaliza poco y retorcidamente. Un acto más de propaganda. Una de tantas promesas de los tiempos preelectorales. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La mayor fortaleza de una autoridad electoral es la credibilidad y la mejor garantía de unos comicios, la integridad electoral. Pero, de momento, ambos elementos están bajo mínimos. Diversas decisiones recientes han debilitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus áreas mejor capacitadas y con más experiencia en la organización de comicios han sido desmanteladas; las escasas voces que ocasionalmente hablan en nombre de la autoridad electoral han evidenciado inconsistencias o vacíos en temas técnicos vinculados a la organización electoral. Por otra parte, desde el fin de la guerra, nunca antes el Plan General de Elecciones había sido objeto de reserva de información. Ahora se ha limitado el acceso a datos específicos del presupuesto y de los participantes en los 24 programas que se pondrán en marcha en las próximas elecciones. Esta información era pública en anteriores administraciones; ahora permanece clasificada, al igual que cientos de documentos de otras carteras de Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. La integridad electoral es característica de todo proceso que garantiza, antes, durante y después de las elecciones, transparencia administrativa, una campaña en igualdad de condiciones para todos los participantes e imparcialidad de la autoridad electoral, de manera que el resultado de los comicios responda a la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. El Salvador se ha alejado de esos estándares. En las elecciones de 2024 se hicieron reformas legales y constitucionales que derivaron en una concentración de poder. Y el proceso para las elecciones de 2027 sigue la misma línea, acentuándola. A menos de un año de las elecciones, se han aplicado reformas al Código Electoral, a la Constitución de la República y a otras leyes. La Asamblea Legislativa reformó el 14 de mayo pasado el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para crear una circunscripción electoral en el extranjero que asigna seis plazas a diputados de la diáspora. De acuerdo con el discurso oficial, esto se hace para darle representación a los compatriotas que viven en el exterior. Para no aumentar el número de curules (60), se le restarán cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad; así, el primero pasará a tener 11 diputados y el segundo, 6. Según se argumenta, esto responde a que son los departamentos más poblados. El derecho a la participación de la diáspora en las decisiones del país no se discute, pero hasta el momento ninguno de los diputados que votaron por la reforma ha explicado cuáles fueron los criterios con base en los cuales se tomó esa decisión. El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales dijo no conocerlos porque no participó en la decisión y el proponente de las reformas, un ministro, ni siquiera fue invitado a la sesión de los diputados para que explicara. Ante esta falta de argumentos técnicos o legales, cabe interpretar que la decisión responde más bien a criterios políticos. La bancada oficialista también reformó el artículo 208 de la Constitución, que contiene el mecanismo de elección de los cinco magistrados del TSE. El argumento fue la despartidización del Tribunal. La reforma establece que ya no serán los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial los que propongan a los tres primeros magistrados (incluyendo al presidente). Ahora será el pleno de la Asamblea Legislativa el que los proponga y elija. A los dos magistrados restantes los seguirá proponiendo la Corte Suprema de Justicia. La despartidización siempre ha sido una aspiración de los actores democráticos de la sociedad civil. El problema es que, por su propia naturaleza, la Asamblea Legislativa es partidaria y la deliberación y el debate plural tienen escasa presencia en su dinámica interna. En definitiva, por efecto de continuas y profundas reformas legales y constitucionales, el sistema político parece avanzar hacia un esquema de partido hegemónico. En este contexto, es poco realista depositar expectativas de cambio en las próximas elecciones.

El jueves 30 de abril, un estudiante de bachillerato de un instituto de una zona semiurbana del departamento de Ahuachapán se presentó puntualmente por la mañana a su centro de estudios. Como ya es costumbre, en la entrada se encontraba una maestra revisando a los estudiantes el corte de pelo, que llevaran el cincho, las uñas limpias y el uniforme completo. Cuando tocó el turno a este estudiante, la maestra le llamó la atención porque no llevaba los zapatos que le habían dado como parte del paquete escolar. Según testimonio del muchacho, él le explicó a la maestra que no llevaba dichos zapatos porque eran muy calientes, porque son “como ahulados” y no los aguantaba por el calor. Además, le hizo ver que los que llevaba eran de color negro, de lustrar, como exige el uniforme. Sin embargo, la maestra le replicó que no podía entrar porque no llevaba el uniforme completo. El estudiante, según cuenta, comenzó a replicarle a la maestra y se enfrascaron en una discusión. A continuación, la maestra llamó a un policía que estaba en el lugar —como también se ha vuelto costumbre— y le dijo que el estudiante era un desobediente, que no andaba vestido como se debe y, además, que era un muchacho malcriado. El policía se llevó al estudiante y lo subió a una patrulla, donde lo tuvieron algún tiempo. Posteriormente, lo trasladaron a las bartolinas de la delegación policial, donde lo encerraron con otros detenidos por diversas razones. Al darse cuenta del hecho, los familiares fueron apresurados a la estación y comprobaron que estaba detenido. Desde ese jueves se encargaron de llevarle comida en cada tiempo, como les indicó la policía. Preguntaron varias veces a los agentes cuál era el motivo de tenerlo detenido y la respuesta fue escueta: “Por usar palabras inadecuadas”. Desesperado por la situación de su hijo y temeroso de la suerte que pudiera correr en estos tiempos de incertidumbre, el padre del estudiante buscó el apoyo de un abogado para que le ayudara. El abogado se mostró dispuesto a hacerlo a cambio de una suma de dinero inalcanzable para la familia, de escasos recursos económicos. Además, le dijo que, para comenzar a trabajar en el caso, necesitaba un adelanto del dinero. El padre, desesperado, comenzó a buscar dinero entre amigos y conocidos, pobres como él, pero dispuestos a colaborar de acuerdo con su capacidad. Así logró reunir, de poquito en poquito, los honorarios profesionales que el abogado le había solicitado. Con el adelanto solicitado, el abogado puso manos a la obra. Finalmente, gracias a la gestión del profesional del derecho, el estudiante fue liberado el lunes 4 de mayo por la tarde. La familia recobró la paz, aunque con una deuda que saldar con los amigos que les apoyaron en esos momentos difíciles. Este hecho real es un ejemplo de las arbitrariedades que se pueden cometer en estos tiempos. Seguramente, algunas personas lo aprobarán, siempre y cuando no se trate de algún familiar cercano suyo. Con la ley en la mano y en el plano ideal, lo ocurrido con el estudiante es un abuso de autoridad y una detención ilegal. Ningún reglamento escolar está por encima de la Constitución. No usar los zapatos del paquete escolar no es un delito ni una falta penal. La policía no tiene facultad para detener a una persona por una discusión sobre el uniforme ni por palabras inadecuadas. En el país, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), ahora “Ley Crecer Juntos”, protege a los menores de detenciones arbitrarias. Además, la privación de libertad que sufrió el estudiante sí es un delito contemplado en la legislación nacional. Quizá lo más injusto de todo, además del recurso a la policía por parte de la maestra, es el abuso, por parte del abogado, de la desesperación, el sufrimiento y el desconocimiento de la familia del estudiante, que ahora quedó endeudada. Sin delito, el joven tenía que ser liberado al cumplirse el plazo administrativo o al intervenir una instancia como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, todos estos argumentos serían válidos en un país en el que funcionara la institucionalidad y se respetara la ley. En un país así, la familia del estudiante no tendría que haberse endeudado. El caso del estudiante es un buen ejemplo de los abusos y las injusticias que se cometen amparados en un Régimen de Excepción y en el cuento de que, militarizando la educación, el país avanzará.