la Boca Nostra

Esta semana, el gobierno cubano presentó un paquete de 176 reformas gubernamentales como una respuesta estratégica al bloqueo económico que le impone Estados Unidos de América, que está provocando una severa crisis energética y económica en la isla. Conversamos con la periodista y comunicadora cubana Ana Teresa Badía sobre los puntos clave de esta transformación política. Por el lado de la economía, las reformas plantean cambios para facilitar el desarrollo de empresas en la isla, así como la posibilidad de banca privada y nuevas oportunidades en la agricultura. No obstante, Ana Teresa considera que se mantiene la esencia socialista, ya que el compromiso del gobierno es no descuidar la justicia social, garantizando la propiedad social sobre los medios de producción prioritarios y protegiendo las conquistas en salud y educación. Destaca también que las reformas ofrecen las mismas oportunidades a cubanos dentro y fuera de la isla, además de un incremento al salario mínimo para frenar las brechas de desigualdad. Estas medidas, que ya se venían gestando, son un esfuerzo por preservar el proceso revolucionario.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, tiene ya 14 años intentando implementar una planta de producción de amoniaco y otras sustancias en las bahías de Sinaloa, proyecto que está en marcha en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo. En días pasados, miles de personas de las comunidades cercanas se dieron cita para impedir el avance del desarrollo industrial. Entrevistamos a Criselia Sánchez, quien forma parte de la Nación Yoreme-Mayo en Sinaloa y nos platicó con detalle de la lucha contra el proyecto de inversión alemana que amenaza con destruir el ecosistema local. Resalta que las autoridades mexicanas pactaron el proyecto son una debida consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y las comunidades aledañas; además, sobresale el doble estándar de la inversión extranjera: tanto el gobierno como las empresas alemanas violan normativas ambientales y sociales que serían obligatorias en Europa, aprovechando la permisividad en México. Ante esto, la organización comunitaria se intensifica para frenar la obra.

El proyecto de gas natural licuado AMIGO LNG, de inversión alemana, amenaza la vida en la región de Guaymas, Sonora, al estar planeado para insertarse en la Bahía Catalina. La comunidad de la zona está generando acciones de resistencia; tal es el caso de Puerto Arte, colectivo que empezó en el 2018 como un andador cultural dominical, y que utiliza la música y otras expresiones como herramientas de conciencia social. Este sábado realizaron el evento Conciencia Uno, en apoyo con biólogos, docentes y artistas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para conversar entre las personas de la comunidad sobre los temas que les preocupan, iniciando con el conversatorio "¿Quién cuida al mar?". Su labor se enfoca en fortalecer el tejido social y denunciar las implicaciones de las inversiones extractivistas en el territorio que no están pensando en las comunidades donde planean operar, así como del desamparo institucional que se vive para enfrentarlos.

El Día de la Mujer Trabajadora es una fecha icónica para visibilizar las desigualdades de género persistentes y exigir cambios reales para la situación de las mujeres en todo el país. En el marco de las marchas y actividades, charlamos con Pan y Rosas Sonora, organización feminista y socialista que forma parte de las convocantes. Las compañeras informaron sobre la situación actual de la lucha por la legalización del aborto en el estado, consigna principal de la convocatoria de este año, y expresaron su opinión crítica sobre distintos personajes que, desde el poder y el patriarcado, afirman defender los derechos de las mujeres. Primeramente, nos recordaron que Sonora aún presenta el desacato a la legislación federal que establece la despenalización del aborto; pese a los avances legales a nivel federal en los últimos años, en la entidad persisten los obstáculos jurídicos y políticos que dificultan el acceso a este derecho. “En este tema, las mujeres somos las que hacemos el trabajo del gobierno”, señalaron, ya que el acompañamiento para la interrupción del embarazo se lleva a cabo desde distintas colectivas feministas. También hablamos sobre el significado político de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Pan y Rosas reconoce que es un cambio histórico, pero no implica la representación de todas las mujeres del país, ya que "cuando una mujer rompe el techo de cristal, otras mujeres barren el vidrio que cae al piso”, comentaron. Asimismo, cuestionaron las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la “liberación” de mujeres en Irán, narrativas que buscan justificar los bombardeos y el avance imperialista. Por ello, las compañeras señalaron la importancia de las voces que se dieron cita en la marcha del domingo para denunciar la guerra en Irán, el genocidio palestino, las políticas anti-inmigrantes en EEUU, la contaminación del Río Sonora y otras causas que atraviesan a Hermosillo, México, y todo el mundo.

En días pasados, la Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C. logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras ilegales que se realizaban en el área verde del fraccionamiento. Alejandro Valenzuela, profesor de la Universidad de Sonora y vecino del residencial, forma parte de la organización comunitaria que ha sembrado, cuidado y defendido el área verde y enfrenta ahora una denuncia penal por presuntos daños a la propiedad ajena, tras recibir amenazas por parte de las personas que pretenden adquirir el predio. El conflicto comenzó cuando vecinos del residencial denunciaron la ilegalidad de la compraventa del predio, que es propiedad municipal, y que actualmente es uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad de Hermosillo. Alejandro nos comenta que la denuncia interpuesta en su contra se remonta al año 2020, y ha sido retomada por la Fiscalía en un claro acto de intimidación y un intento de criminalizar la defensa del territorio ante el reciente fallo en contra de quienes pretenden privatizarlo. Los demandantes argumentan que, en aquel momento, Alejandro les amenazó, cosa que él desmiente completamente, al relatar que fueron ellos quienes realizaron destrozos en el área verde y fueron advertidos por un grupo de vecinos de que era propiedad pública. Alejandro considera que la persecución de su persona forma parte de las tácticas que este tipo de personas realizan buscando amedrentar a la organización comunitaria. El profesor universitario nos cuenta que la Fiscalía buscaba la prisión preventiva, medida que considera desproporcionada, descartada gracias a que él pudo presentar su versión de los hechos ante el juez; no obstante, sí se levantaron medidas cautelares en su contra, como el no poder salir de la ciudad y tener que ir a firmar a los juzgados semanalmente. Mientras el proceso legal avanza, vecinos del residencial mantienen actividades informativas y de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de la defensa jurídica.

El bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos trae consigo falta de servicios básicos para la población, como atención hospitalaria, alimentación y educación. La política unilateral, que supera ya los 60 años de vigencia, y que se ha recrudecido desde su implementación, significa para la isla una crisis humanitaria. El histórico bloqueo se profundizó tras el anuncio del presidente Donald Trump el pasado 30 de enero, en el que planteó nuevas restricciones orientadas a inhibir el comercio de petróleo, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos. Sobre este tema habló en entrevista con La Boca Nostra la periodista y analista política cubana Ana Teresa Badía, quien puso énfasis en el renglón humano de las afectaciones: sin combustible, el sistema nacional de salud se debilita, cuando la vida de infantes y adultos depende en gran medida del suministro eléctrico. La ciudadanía ha experimentado apagones prolongados e intensos. A esta situación se suma que el bloqueo también impide la importación de cualquier artículo que contenga más de 10% de componentes estadounidenses. Esto limita la posibilidad de adquirir refacciones para el mantenimiento de instalaciones industriales, como las termoeléctricas. “Hay momentos en los cuales casi entre el 70 y el 80% del país está apagado”, señaló Badía. Además, recordó que este tipo de políticas no necesariamente afectan de manera directa a los gobiernos, sino que “cuando se toman medidas de ese tipo, los principales damnificados son los ciudadanos”. A pesar de este panorama, Badía reconoció y agradeció el apoyo de México y otros países como Chile, China y Rusia.